La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político acerca del Reglamento sobre disposiciones comunes para los fondos de gestión compartida

La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo que alcanzaron anoche el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE, en el Consejo, respecto al Reglamento sobre disposiciones comunes para los fondos de gestión compartida, incluidos los fondos de la política de cohesión de la UE. Este es el segundo expediente relacionado con la política de cohesión para el que han concluido las negociaciones tripartitas, a la espera de que se aprueben definitivamente los textos jurídicos en el Pleno del Parlamento Europeo y en el Consejo.

Elisa Ferreira, comisaria de Cohesión y Reformas, ha declarado lo siguiente: «Me congratulo del acuerdo político que se ha alcanzado respecto al Reglamento sobre disposiciones comunes, que fija las mismas normas para ocho fondos de gestión compartida. Los europeos de cualquier lugar confían en que se distribuyan lo antes posible los casi 350 000 millones de euros procedentes de los recursos de la política de cohesión para que haya una recuperación justa, cohesionada y convergente. El acuerdo político al que se ha llegado confirma que todos los “agentes institucionales de la cohesión” han cumplido su parte para que la financiación de la política de cohesión pueda desembolsarse a tiempo. Animo a todos a seguir avanzando en la dirección correcta».

Este Reglamento proporciona el marco político necesario para que los fondos de gestión compartida sigan cumpliendo el objetivo del Tratado de promover la convergencia y apoyar a las regiones menos desarrolladas de la UE. Como principal fundamento jurídico de la política de cohesión, el Reglamento sobre disposiciones comunes garantiza que se disponga de los medios necesarios para abordar los retos económicos y sociales emergentes a través de una mayor flexibilidad en lo referente a la transferencia de recursos y de una mayor capacidad para hacer frente a crisis futuras.

Entre los principales elementos del compromiso al que se ha llegado, cabe mencionar los siguientes:

• Canalizar las inversiones públicas a nivel nacional, regional y local hacia una Europa más inteligente, más ecológica y más social.
• Ofrecer unas condiciones que garanticen que el terreno de las inversiones para la ayuda de la UE esté abonado de antemano. Los Estados miembros deben cumplir estas condiciones para invertir los fondos de la UE y sacar el máximo partido de ellos. Un ejemplo de ello es el cumplimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
• El principio de asociación, que implica una cooperación estrecha entre los niveles europeo, nacional, regional y local, es un elemento importante en todas las fases de la ejecución de la financiación de la UE.
• Se concede una mayor flexibilidad a las transferencias dentro de los fondos de la política de cohesión y también entre regiones, al tiempo que se protegen las asignaciones de fondos a las zonas menos desarrolladas.
• Los porcentajes clave de cofinanciación de la UE se fijan en el 85 % para las regiones menos desarrolladas (cuyo PIB es inferior al 75 % de la media de la EU-27), en el 60 %, para las regiones en transición (cuyo PIB se sitúa entre el 75 % y el 100 % de la media de la UE) y en el 40 %, para las regiones más desarrolladas (con un PIB superior al 100 % de la media de la UE). (*)
• Se ha fijado la nueva norma de liberación de fondos de la UE para el período 2021-2026 en «n + 3». Al inicio de los períodos de programación, se compromete una financiación para cada programa. Una séptima parte de la financiación se asigna a los programas cada año. La regla de «n + 3» significa que estos fondos deben haberse gastado al final del tercer año siguiente a su asignación al programa en cuestión.
• El método de asignación tiene en cuenta el PIB per cápita, el desempleo juvenil y la inmigración.
• Además, hay casi ochenta medidas de simplificación, como la sustitución de la obligación de presentar varios informes por una transmisión automática y más frecuente de datos exhaustivos. Y unas normas más sencillas favorecerán un mayor empoderamiento de las autoridades a escala local, urbana y territorial respecto a la gestión de los fondos de la UE.

Próximos pasos

El 10 de noviembre de 2020, se alcanzó un acuerdo político entre el Parlamento Europeo, los Estados miembros de la UE en el Consejo y la Comisión sobre el próximo presupuesto de la UE a largo plazo y acerca del programa NextGenerationEU. El paso siguiente, que debe darse con urgencia, es la adopción legal del Reglamento sobre el marco financiero plurianual y el Reglamento sobre NextGenerationEU, junto con la modificación de la Decisión sobre los recursos propios. 

Una vez adoptado, el presupuesto a largo plazo de la UE, junto con la iniciativa NextGenerationEU, que es un instrumento temporal que se ha concebido para pilotar la recuperación de Europa, será el mayor paquete de estímulo jamás financiado a través del presupuesto de la UE. Un total de 1,8 billones de euros ayudarán a reconstruir la Europa posterior al coronavirus, que será una Europa más ecológica, más digital y más resiliente. 

Antecedentes

El Reglamento sobre disposiciones comunes establece un marco jurídico conjunto para ocho fondos de gestión compartida: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión y el Fondo Social Europeo Plus, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y, como nuevos elementos en comparación con el período 2014-2020, el Fondo de Transición Justa, y las normas financieras para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados y el Fondo de Seguridad Interior. En cambio, ya no cubre el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, excepto en el caso de algunas disposiciones que podrían aplicarse a este Fondo (por ejemplo, los instrumentos financieros y el desarrollo territorial).